conclusión definitiva. 68Roxin, Claus, Strafverfahrensrecht, cit. WebPARÁGRAFO. Bellavista, Girolamo; Tranchina, Giovanni, Lezione di Diritto Processuale Penale (10º edición, Milano, Giuffrè, 1987). En otras, se refiere a un derecho a la acusación (por ejemplo, en los delitos de acción penal pública en los que el Ministerio Público deberá de oficio, investigar y, en su caso, ejercer la acción penal pública; artículo 83 CPP). En la actualidad, la acción en el proceso penal ha sido poco tratada en la dogmática comparada. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración. En efecto, para que se configure el delito se deben reunir todos los elementos típicos, entre ellos, que la persona que realice el hecho punible tenga una determinada calidad exigida por el tipo penal. El autor no puede realizarlo o excepcionarlo. 1. f. Así Roxin, en esta misma línea, señala que los presupuestos procesales, deben ser verificados de oficio en cada etapa del procedimiento63. El artículo 54 del Código Procesal Penal prohíbe al Ministerio Público ejercer la persecución penal de un delito de acción penal pública previa instancia particular sin que antes, a lo menos, el ofendido hubiere denunciado el hecho. no se hubieren proporcionado los antecedentes sobre alguno de esos delitos, el Servicio los solicitará al fiscal que tuviere a su cargo el caso, con la sola finalidad de decidir si presentará denuncia o interpondrá querella, o si requerirá que lo haga al Consejo de Defensa del Estado. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Esta tarea le corresponde al Servicio de Impuestos Internos a través de un procedimiento administrativo denominado recopilación de antecedentes. 2Piedrabuena Richard, en su artículo titulado “Las potestades del Ministerio Público en la investigación de los delitos tributarios”, publicado en dos revistas diferentes (Piedrabuena Richard, Guillermo, Las potestades del Ministerio Público en la investigación de los delitos tributarios, en Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado 33 (2015), pp. Como se adelantó en la introducción, la norma fundamental en relación con el ejercicio de la acción penal en materia tributaria se encuentra en el artículo 162 del Código Tributario. 12Massone Parodi, Pedro, Infracciones tributarias (2ª edición, Santiago, Legal Publishing, 2010), p .326. Pues bien, ¿ello en qué se relaciona con la acción penal que requiere de autorización de un ente estatal? [ Links ], Binder, Alberto, Introducción al Derecho procesal penal (2ª edición, Buenos Aires, Ad Hoc, 2000). Sobre este último aspecto, cabe agregar que la inobservancia por parte del Servicio de Impuestos Internos de los criterios históricos que ella misma se ha impuesto, puede constituir una vulneración al principio administrativo de protección de la confianza legítima42. En principio, el contribuyente deberá coordinar estas distintas normas para determinar el contenido y alcance de sus obligaciones. (n. 4), p. 63. Además consultar los trabajos de: Herzog, Felix, Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsorge (Heidelberg, RV. (n. 20), p. 172. Si es de la sociedad, se estará ante una acción pública; en cambio, si es de la víctima, la acción será privada28. Es más, y como el mismo instructivo del Ministerio Público ordena, por contrapartida de los incisos sexto y séptimo del artículo 162 del Código Tributario85, en estos casos se debe oficiar al Servicio de Impuestos Internos para que ejerza la acción penal86. En definitiva, resulta claro que el Ministerio Público está impedido de iniciar investigación alguna por delitos tributarios cuando no exista querella o denuncia previa por parte del Servicio de Impuestos Internos, y si eventualmente ésta igualmente se ha iniciado, el juez de garantía o en su caso el Tribunal Oral en lo Penal, deberá declarar que el proceso es inadmisible, por cuanto, falta un requisito procesal habilitante que impide su persecución, el que, al constituir un presupuesto procesal (de existencia), como hemos dicho, obsta a la formación del proceso. (n. 51), p. 27. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la … También considera que no es posible hablar de pretensión penal en el sentido dado por la ciencia procesal civil: Zipf, Heinz, Strafantrag, Privatklage und staatlicher Strafanspruch, en GA (1969), pp. Por lo mismo, no se trata de una simple autorización de un ente estatal, sino que además, implica una determinación de los hechos y directrices para su persecución. El artículo 162 del Código Tributario otorga al Servicio de Impuestos Internos la facultad privativa y discrecional de ejercer la acción penal por delitos tributarios mediante la interposición de una denuncia o querella. Así las cosas, en su primera versión los llamados presupuestos procesales se referían a todo el proceso y condicionaban la existencia del mismo. A fortiori, tampoco podrá formalizar74, no podrá solicitar medidas cautelares ni, en general, provocar la intervención del Juzgado de Garantía. [ Links ], Chiavario, Mario, Appunti sul processo penale (Torino, Giappichelli, 2000). Luego, se caracteriza a la acción penal del artículo 162 del Código Tributario como una que requiere autorización de un ente estatal. 4“Las razones esgrimidas fueron muchas para que el Director del SII –y no el Ministerio Público– mantuviese la exclusividad de tan relevante facultad. 58 ss. Según la doctrina tradicional, las condiciones de procedibilidad son aquellas circunstancias que determinan la admisibilidad de la promoción o de la prosecución de la acción penal, y, por ende, constituyen supuestos imprescindibles para el nacimiento y desarrollo de la relación jurídica procesal penal44. La determinación de los alcances de un delito tributario envuelve mayor complejidad que los delitos comunes, toda vez que para determinar si una conducta es encasillable en aquéllos, se requiere de un estudio de la normativa administrativa subyacente y su eventual infracción. Parte general (5° edición, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002). 337 ss. 47En este sentido, sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 15 de abril de 2016, Rol N° 1015-2016. 51-53; Silva Montes, Rodrigo, Manual de procedimiento penal (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2001), pp. Cfr. El impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos … 399-403; Castillo Blanco, Federico, La protección de la confianza legítima en el Derecho Administrativo (Madrid, Editorial Marcial Pons, 1998), passim. 29Compartiendo esta clasificación tripartita: Castro Jofré, Javier, cit. En el mismo sentido, entre otros: Dominioni, Oreste, Azione Penale, en Digesto della Discipline Penalistiche (Torino, UTET, 1987), p. 399; Chiavario, Mario, L’azione penale tra e Diritto e Politica (Padova, CEDAM, 1995), pp. 45 ss. La primera parte trata el contenido normativo del artículo. 26Con todo, es menester aclarar que cuando nos referimos a acción penal no se puede entender igual que el concepto clásico que se maneja en la teoría general del proceso. 40Circular N° 40, de 20 de junio de 2002, pronunciada por el Director del Servicio de Impuestos Internos, p. 21. Las condiciones de procedibilidad pueden ser privadas o públicas. ; y, Leone, Giovanni, cit. En lo que respecta a los delitos tributarios, el artículo 99 del Código Tributario prescribe que: “Las sanciones corporales y los apremios, en su caso, se aplicarán a quien debió cumplir la obligación y, tratándose de personas jurídicas, a los gerentes, administradores o a quienes hagan las veces de éstos y a los socios a quienes corresponda dicho cumplimiento”. 24En este senido ver: Morello, Michele, Il nuovo processo penale. En los primeros, el tipo penal no exige una cualidad especial para ser autor del delito, por lo que cualquier persona que reúna las condiciones generales de imputabilidad podrá responder como autor. 7. f. Fil. 51Por todos ver: Romero Seguel, Alejandro, Curso de Derecho Procesal Civil. En especial, se tuvo en consideración: el evidente conflicto entre el cobro civil de los impuestos y los delitos tributarios, la falta de certeza jurídica y el entorpecimiento de la actividad recaudadora, lo cual podría traer como consecuencia una menor recaudación impositiva. 87 ss. Este último tipo de normas tiene por objeto establecer criterios para la interpretación y aplicación de la ley tributaria. [ Links ], Silva Salse, Manuel, Diligencias de investigación limitativas de derechos fundamentales o intrusivas otorgadas a la Fiscalía Nacional Económica, en Revista de Filosofía y Ciencias Jurídicas 7 (2015). Beck, 1998), p. 6. (1869) (Aalen, Scientia Verlag, 1969). Acusador particular es la víctima que, con o sin exclusión del Ministerio Público, ejerce la acción penal pública. También queda en evidencia en el contenido de las querellas que interpone el Servicio. Parte generale (Padova, CEDAM , 2000). 74Luego, no producirá el efecto de suspender el curso de la prescripción de la acción penal (artículo 233 del Código Procesal Penal). Introducción al estudio del proceso penal (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003), p. 58. ↑ La frase funcionó como lema de Estado de manera oficial al estar inscrito en el Escudo Nacional desde 1863 hasta 1930 cuando la leyenda fue sustituida por el nombre oficial del país. b) Los delitos tributarios y la acción penal. [ Links ], Roxin, Claus, Strafverfahrensrecht (25º edición, München, CH. Esta posición está demostrando la imposibilidad de estructurar un concepto de acción penal meramente teórico, y, por lo mismo, válido universalmente, alejado del ordenamiento positivo25-26. Información generada por el Instituto y otras dependencias del gobierno nacional. [ Links ], Castro Jofré, Javier, Introducción al Derecho Procesal Penal chileno (2ª edición, Santiago, LegalPublishing , 2008). En este sentido, pero sin incluir el adjetivo preferente: Núñez Vásquez, J. Cristóbal, cit. Cfr. 27Se ha definido la acción penal como “el derecho subjetivo potestativo público que la ley otorga al Ministerio Público y a ciertas personas legitimadas, para requerir del juez, a través del fiscal de dicho Ministerio, una decisión acerca de la noticia de un delito, en orden al establecimiento de su existencia y a su posible imputación a determinada persona a fin de imponer una pena”. La acción penal regulada en el artículo 162 del Código Tributario, The criminal action regulated in article 162 of the Tax Code. Para la doctrina alemana ver por todos: Roxin, Claus, Strafrecht Allgemeiner Teil (München, CH. Toda acción tendente a la búsqueda de ese equilibrio es, en sentido lato, una conducta. WebSistema de consulta de Tesis, Precedentes (Sentencias) y otros documentos publicados semanalmente del Semanario Judicial de la Federación. El nuevo sistema procesal penal (4ª edición, Santiago, LexisNexis, 2008); Duce Julio, Mauricio – Riego Ramírez, Cristián, Proceso penal (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2007); Medina Jara, Rodrigo – Morales Palacios, Luis – Dorn Garrido, Carlos, Manual de derecho procesal penal (2ª edición, LexisNexis, Santiago, 2007). Por tanto, el concepto de acción penal tiene por única función determinar el momento en que se puede iniciar la persecución penal; es en este sentido en que el Código Procesal Penal chileno distingue la acción penal en los artículos 53 y siguientes27. Éstos consisten en elementos formales que se precisan para que una relación procesal surja válidamente. Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. Esta norma define al sujeto activo desde una perspectiva invertida78: ya que los tipos están redactados de modo que las conductas aparecen como infracciones a obligaciones determinadas, la ley dispone que las penas se aplicarán a quien deba cumplir la obligación en cuestión y, en el caso de las personas jurídicas, a los gerentes, administradores o socios a quienes corresponda el cumplimiento de aquéllas79. Doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España). Como toda relación jurídica, la de naturaleza procesal tiene requisitos de validez. (n. 12), pp. Sólo así se podría evitar que este proceso afecte su honra o intimidad o que vuelva a sufrir nuevamente algún grado de victimización36. Además, toda prueba reunida adolecerá de ilicitud. Luego, éste podrá adoptar la decisión de interponer o no denuncia o querella por la eventual comisión de un delito tributario. [ Links ], Piedrabuena Richard, Guillermo, Las potestades del Ministerio Público en la investigación de los delitos tributarios, en Revista de Derecho Público 85 (2016). [ Links ], Khulen, Lothar, Cuestiones fundamentales del delito de fraude fiscal (Madrid, Editorial Marcial Pons , 2015). 15En general, los manuales nacionales se limitan a reproducir las normas en cuestión: Castro Jofré, Javier, Introducción al Derecho Procesal Penal chileno (2ª edición, Santiago, LegalPublishing, 2008), pp. 97 N° 24 (abuso de beneficios tributarios relativos a donaciones), N° 25 (abuso de zonas francas); en Van Weezel, Alex, cit. Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley. La dogmática procesal penal alemana abandonó, hace ya mucho tiempo, los conceptos de acción penal (Strafklage) y de pretensión penal (Strafanspruch)17. [ Links ], Duce Julio, Mauricio; Riego Ramírez, Cristián, Proceso penal (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2007). 48.096 de 10 de junio de 2011. Frente a la omisión de la querella o denuncia, nos encontramos ante la inexistencia procesal, que permite “denotar algo que carece de aquellos elementos que son de la esencia y de la vida misma del acto; un quid incapaz de todo efecto”70. (n. 35), pp. [ Links ], Dominioni, Oreste, Azione Penale, en Digesto della Discipline Penalistiche (Torino, UTET, 1987). 283 ss. Oliver Calderón, Guillermo, Apuntes de Derecho Procesal Penal (Valparaíso, inédito, 2017), pp. a) Los delitos tributarios como delitos especiales. En primer lugar, si se analiza la función del Ministerio Público, no se puede afirmar que éste tenga un derecho a su favor, sino un deber de ejercer la acción penal pública. [ Links ], Goldschmidt, James, Der Prozess als Rechtlage (Berlin, Springer, 1925). En segundo lugar, cuando se ejerce la acción penal no se busca la tutela de derechos individuales, sino que se haga efectivo el ius puniendi. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la … UN News produces daily news content in Arabic, Chinese, English, French, Kiswahili, Portuguese, Russian and Spanish, and weekly programmes in Hindi, Urdu and Bangla. 41 ss. Van Weezel, Alex, Delitos tributarios (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2007), p. 165. 73“En síntesis, el procedimiento penal chileno, de conformidad a los artículos 19 Nº 3 de la Constitución, 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no sólo debe garantizar un justo y racional procedimiento, sino también una investigación racional y justa; la impugnabilidad de los actos del Ministerio Público, y en particular de sus actos investigativos, constituye un mecanismo privilegiado de garantía de dichos principios, asegurando la sujeción a control de todos los órganos del Estado, la protección de los derechos de las personas y la unidad del ordenamiento jurídico”; Ibid., p. 83. En efecto, cada órgano facultado para provocar el inicio de la investigación penal (Fiscalía Nacional Económica37, Servicio de Impuestos Internos, etc.) Junto con la clasificación anterior, existe otro tipo de acción penal que se caracteriza por requerir una habilitación por parte de un ente estatal para proceder con la persecución penal. Los delitos tributarios y la acción penal. Excepcionalmente, tratándose de delitos de acción penal privada, de acción penal privada previa instancia particular y los delitos que requieren de una autorización de entes estatales, el Ministerio Público no puede promover de oficio la persecución penal sin que antes se cumplan ciertas condiciones de procedibilidad45. 20Roxin, Claus, Strafverfahrensrecht (25º edición, München, CH. Así, al tratarse de un delito especial el sujeto activo forma parte integrante del tipo penal. 852 ss. Agencia Boliviana de Información. Oficio de la Fiscalía Nacional N° 487 de 2016, p. 3. Leone, por ejemplo, manifestaba que la fatigosa elaboración del concepto de acción en el Derecho procesal civil sólo puede aspirar a servir para fijar meras premisas en aras a determinar un concepto de acción penal; resultando el resto de la referida elaboración completamente ajena al ámbito del enjuiciamiento criminal16. También existen autores que niegan cualquier elaboración conceptual de la acción penal, incluso como mera demanda de decisión jurisdiccional: Taormina, Carlo, Vecchio e nuovo nella teoria dell’azione penale» alle soglie del nuovo codice di procedura, en La Giustizia Penale (1988), pp. En los delitos de acción penal pública previa instancia particular, el legislador somete el inicio del procedimiento a la voluntad de la víctima, quien debe denunciar30 el hecho o deducir una querella31. Ahora bien, planteada la consecuencia de la falta de denuncia o querella como presupuesto procesal, mantenemos el problema de determinar cuál es la herramienta del contribuyente imputado y en su caso del tribunal para impedir que el procedimiento penal siga adelante. [ Links ], Romero Seguel, Alejandro, Curso de Derecho Procesal Civil. (n. 16), pp. Vila Baltra, Martín, Titularidad de la acción penal en los delitos tributarios, en Anuario de Derecho Tributario 7 (2015), p. 65. 405 ss. En nuestra opinión, la institución de la acción penal que requiere de autorización de un ente estatal es útil al sistema de enjuiciamiento criminal, ya que permite que un órgano especializado inquiera los extremos del incumplimiento de una obligación tributaria que subyace a la comisión de un delito tributario. En síntesis, si la tesis de Piedrabuena “estuviese en lo correcto, deberíamos llegar a considerar, de manera consecuente, que todas las facultades investigativas, de todos los órganos del Estado que puedan vincularse, de cualquier forma, con la averiguación de hechos que revisten carácter de delito, son necesariamente investigaciones penales y, por lo tanto, han quedado derogadas por efecto de la publicación de la Ley N°19.519 […] entonces deberíamos denunciar con la misma fuerza la inconstitucionalidad de la actuación de todos los jefes de servicios públicos […], la Contraloría General de la República […], la Superintendencia de Valores y Seguros […], la Fiscalía Nacional Económica” (p. 197). 793 ss. peregrÄ«nus) se refiere en su significado más clásico al viajero que, por devoción o por voto, visita un santuario o algún lugar considerado sagrado.En su acepción más general es todo aquel que anda por tierras extrañas. 27-30. Es querellante la víctima que ejerce la acción penal en los procesos por delitos de acción privada. [ Links ], Soto Kloss, Eduardo, Acerca de la obligatoriedad de los precedentes en la actividad administrativa del Estado, en Revista Chilena de Derecho 26, (1999), 2. Es decir, los delitos tributarios requieren de ciertos incumplimientos normativos para que se configuren los tipos. [ Links ], Chiavario, Mario, L’azione penale tra e Diritto e Politica (Padova, CEDAM, 1995). [ Links ]. 116 ss. Dentro de los distintos tipos de acciones, encontramos la acción penal que requiere de autorización de un ente estatal. En otras palabras, conforme a los principios y normas que reglan los actos de la administración del Estado, el Director del Servicio de Impuestos Internos no puede ejercer válidamente la facultad dispuesta en el artículos 162 del Código Tributario, sin que, al menos, cuente con los antecedentes que le permiten definir: i) primero, si existe o no una infracción a las disposiciones tributarias; y ii) segundo, si dicha infracción, de acuerdo con los criterios históricos del propio Servicio, merece ser sancionada sólo con multa, o bien, con multa y pena privativa de libertad. 61-83. 30Monográficamente sobre la denuncia ver: Torres Rosell, Nuria, La denuncia en el proceso penal (Madrid, Montecorvo, 1991), passim. Sin embargo, los delitos tributarios relacionados con el comercio informal pueden ser cometidos por sujetos que no revisten tales calidades, mas deberían tenerlas; sin perjuicio de aquellos sujetos que actúan en una doble calidad y utilizan la formalidad de ciertas actividades para encubrir otras ilícitas. Chile, Correo electrónico: raul.nunez@pucv.cl. (n. 35), pp. Our multimedia service, through this new integrated single platform, updates throughout the day, in text, audio and video – also making use of quality images and other media from across the UN system. [ Links ], Torres Rosell, Nuria, La denuncia en el proceso penal (Madrid, Montecorvo, 1991). [ Links ], Medina Jara, Rodrigo; Morales Palacios, Luis; Dorn Garrido, Carlos, Manual de derecho procesal penal (2ª edición, Lexis Nexis, Santiago, 2007). El concepto de derecho penal subjetivo o el derecho subjetivo de penar debería ser evitado por los problemas que esta terminología conlleva. 54Goldschmidt, James, Der Prozess als Rechtlage (Berlin, Springer, 1925), passim. [ Links ], Zipf, Heinz, Strafantrag, Privatklage und staatlicher Strafanspruch, en GA (1969). En definitiva, la autorización administrativa previa exigida para la persecución penal de los delitos tributarios, se alza como un impedimento u obstáculo procesal, es decir, un presupuesto procesal de existencia, cuya ausencia u omisión producirá necesariamente la inexistencia de la relación procesal69. WebLa teoría del delito "es un sistema categorial clasificatorio y secuencial en el que, peldaño a peldaño, se van elaborando, a partir del concepto básico de la acción, los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito." En consecuencia, la última frase y su relación con el hecho «X» no tiene validez alguna. [ Links ], Otero Lathrop, Miguel, La policía frente al Código Procesal Penal (Santiago, Editorial Jurídica de Chile , 2010).
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